Nueva contrariedad judicial a algunas de las medidas establecidas por las autoridades para detener los contagios del virus, se presenta en esta oportunidad en la región de Alcázar de San Juan y en Campo de Criptana, donde un juez no ha aprobado el uso de las mascarillas de manera obligatoria; ni la prohibición de fumar en la vía pública y en las terrazas, entre otras limitaciones.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 5 de Ciudad Real, dictó dos Actas; con fechas del 22 de agosto (referente a Alcázar de San Juan) y 23 de agosto (Campo de Criptana), en los que se corroboran las medidas admitidas para los dos municipios castellano manchegos por Resolución del Delegado Provincial de Sanidad en Ciudad Real; con 5 excepciones.
De manera específica, no se confirma el uso de las mascarillas de manera obligatoria en todos los espacios; incluido los espacios cerrados, privados y viviendas, y sin distinguir edad.
Juez sí apoya el cierre del ocio nocturno
En este sentido, el juez tampoco defiende el hecho de no permitir las salidas de residentes de centros socio-sanitarios excepto que se traten de razones de “fuerza mayor” y suspende la prohibición de fumar en las terrazas y vías públicas; independientemente de la distancia que se mantenga. Esta era una de las medidas aprobadas por conformidad entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas y que ya se están aplicando en casi todo el territorio Español; salvo en la Comunidad de Madrid, donde el juez no las ha aprobado, una decisión que apelará el Gobierno autonómico.
La cuarta excepción que dictó el juzgado de Ciudad Real para Alcázar de San Juan y Campo de Criptana, es la prohibición de las actividades agrupadas de ocio; y, por último, el cierre vigilado de jardines y parques.
De acuerdo al juzgado, estas 5 medidas no se aprueban judicialmente por “no reunir los requisitos mínimos de proporcionalidad y vulnerar de manera absoluta derechos fundamentales sin la debida justificación y motivación”. En cambio, sí sostiene el cierre del ocio nocturno.
Este es el último de los decretos judiciales que suspende algunas de las medidas establecidas por las autoridades para detener los contagios. Varias comunidades autónomas han solicitado mecanismos para evitar este paso en la disposición para frenar los brotes. Estas contrariedades entre políticos y jueces crean; además, cierta en inseguridad en los sectores afectados por las limitaciones.
