La Comunidad de Madrid no aplicará multas por incumplir las restricciones de movilidad decretadas en 37 áreas básicas de salud con el fin de detener la propagación del virus hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ratifique la orden decretada por la Consejería de Sanidad; según confirmó el Consejero de Justicia e Interior, Enrique López, que también señaló a que ese aval judicial llegaría a lo largo de este miércoles o este jueves.
“Estamos a la espera de que la ratifique la autoridad judicial; esto se producirá a lo largo del día de hoy o de mañana. Y hasta que no esté ratificada, seguirá siendo una medida que todavía no tiene vigencia, pero que anima a los ciudadanos a que la cumplan”; explicó López.
En este sentido, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso; ya adelantó al anunciar las restricciones que durante las primeras 48 horas después de su publicación (el lunes y el martes de esa semana) solamente se realizarían controles informativos sobre las medidas; y que hasta este miércoles no habría sanciones.
No obstante, el plazo de tiempo puede ser incluso más amplio dependiendo de cuánto se tarde la ratificación judicial: este martes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid recibió dos escritos de la Abogacía de la Comunidad de Madrid, los cuales serán trasladados a la Fiscalía de Madrid; y, según fuentes jurídicas, hay un plazo de 3 días desde que ingresa el escrito para que se solvente el procedimiento.
“Tiene que decidir, como hace siempre la justicia, con independencia y objetividad. Decida lo que decida, lo que es cierto es que necesitamos que limitemos nuestras interacciones”; recalcó el consejero.
En manos de los vecinos madrileños
Aunque las restricciones aún no están en vigencia; López subrayó el alto acatamiento de las mismas por parte de los ciudadanos madrileños: “Es cierto que la ciudadanía está cumpliendo de una manera mayoritaria las restricciones y así nos lo está comunicando la policía local”.
Asimismo, destacó que un 70% de los ciudadanos que han sido blanco de controles disuasorios en estos dos primeros días tenía documentación que confirmaba sus desplazamientos, mientras que otro 15% justificó sus movimientos. “Solo un dos o un tres por ciento ni se explicaba ni llevaba documentos”; resaltó López, quien además, se ha mostrado “contento” por la respuesta de los ciudadanos de las áreas afectadas.
“El objetivo de la medida es evitar al máximo las interacciones no necesarias entre los ciudadanos y esto hay que recomendarlo al margen de que la medida se convierta en obligatoria”; insistió, extendiendo la recomendación a toda la región, no solo a las áreas de salud afectadas por estas restricciones.
En cuanto a la prolongación de las restricciones de la movilidad a otras áreas de salud en las que los contagios alcanzan niveles asimilables a los de las 37 iniciales, una posibilidad que ha apelado ya la propia Isabel Díaz Ayuso, López hizo un llamado a no especular: “Ahora tenemos que evaluar el impacto de estas primeras que se han adoptado; se hará lo que haya que hacer. Aquí no se improvisa, estamos ante una realidad dinámica y difícil”; argumentó.
En cualquier caso, López señaló que “cuántas más zonas sumemos [a las restricciones], más difícil va a ser el control, porque tenemos cientos de miles de calles”; quien además, volvió a pedir a los vecinos madrileños: “El cumplimiento de la medida depende en última instancia de la propia responsabilidad de los ciudadanos”.
Por último, el consejero solicitó al Gobierno central incluir en el Código Penal un delito por incumplir la cuarentena “en todos los Códigos Penales hasta 1995”. Mediante declaraciones, explicó que actualmente este delito no está plasmado en el Código Penal; por lo que “la Policía tiene que acudir a las leyes administrativas para poder sancionar a estos irresponsables”.