Mediante el acuerdo al que llegaron los alcaldes de 31 ciudades y que, pertenecen a trece partidos distintos a excepción del PSOE, buscan hacer una especie de reclamo al Gobierno central para que haga una sustitución del decreto actual, que estregará 5.000 millones de euros a los ayuntamientos y que en su lugar, puedan entregar al Estado sus remanentes, para que sean distribuidos en función de la población.
Por su parte, el portavoz del PP en la FEMP, afirma que durante la reunión por videoconferencia que llevaron a cabo este martes, están pidiendo «que los fondos de 5.000 millones sea igual para todos, que se reparta en función de la población y que no se creen condiciones que tengan que ver con cuestiones que afectan a la contabilidad nacional». Igualmente, piden que estos fondos sean totalmente independientes de los que tienen ahorrados o no los ayuntamientos, para que sea repartido entre los mismos, al igual que se ha repartido el Fondo de la pandemia entre las comunidades autónomas.
Este encuentro telemático de los alcaldes finalizó con la redacción de un documento conjunto, el cual tuvo la aprobación de los ediles de Almería, Alicante, Badajoz, Barcelona, Badalona, Cádiz, Córdoba, Girona, Granada, Lleida, Madrid, Marbella, Málaga, Murcia, Ourense, Oviedo, Pontevedra, Palencia, Pamplona, Pozuelo de Alarcón, Reus, Santander, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Terrassa, Teruel, Torrelavega, Telde, Tarragona, Valencia y Zaragoza.
Asimismo, Azcón pudo calificar este encuentro de alcaldes como “histórico” y el acuerdo ha sido muy “fácil” a pesar de las diferentes formaciones como PP, BNG, PdCat, CC, ERC, PRC, Compromís, UPN, Cs, Podemos o Barcelona en Común en plena crispación dentro del espacio político de la nación.
200 diputados en los partidos
Azcón ha sido recalcado por los alcaldes de “casi todos los partidos políticos» menos del PSOE, quien ha empañado a los socialistas por no unirse a la posición mayoritaria de los alcaldes españoles y la defensa de su población. Esta situación los ha llevado a considerar que tanto el Gobierno de Pedro Sánchez como el Ministerio de Hacienda, deben aportar a las entidades locales las soluciones necesarias a los problemas venideros.
Para ello, pide al gobierno de Sánchez que realice un nuevo real decreto, pues, en su opinión, la mayoría está en completo acuerdo, ya que, los partidos de los alcaldes que han firmado el documento, suman un total de 200 diputados del Congreso. Este nuevo real decreto debe permitir que los 5.000 millones sean justo para todos quede estratégicamente repartido según las necesidades de la población y sin afectar a la contabilidad nacional.
