La Justicia admite su personación en el caso por presuntas injurias con publicidad
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido admitido como acusación particular en la causa judicial contra la organización Hazte Oír por la colocación de una lona con su imagen y el término “corrupto” frente al Congreso de los Diputados el pasado lunes 19 de mayo. La jueza María Dolores Baeza, titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid, ha aceptado su personación en el procedimiento, en el que se investiga si los hechos constituyen un delito de injurias con publicidad.
El Origen del Caso: La Lona de Hazte Oír
El conflicto comenzó cuando Hazte Oír desplegó una lona de más de 253 metros cuadrados en un edificio frente al Congreso de los Diputados. El cartel desplegado mostraba una fotografía del presidente Pedro Sánchez acompañada del término «corrupto» escrito en caracteres de gran tamaño, además de mencionar explícitamente varios asuntos judiciales relevantes como la investigación sobre Begoña, el escándalo vinculado a Ábalos y Koldo, así como el proceso relacionado con el fiscal general del Estado.
La pancarta estuvo visible desde las 11:00 horas de la mañana hasta altas horas de la noche, siendo finalmente retirada en la madrugada del día siguiente por efectivos del Cuerpo de Bomberos de Madrid, quienes actuaron en cumplimiento de un mandato judicial. La jueza de guardia del Juzgado de Instrucción número 9 accedió a la medida cautelar solicitada por la diputada socialista Begoña Nasarre, quien denunció los hechos en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
La Jueza Considera que la Ubicación Agrava el Delito
En su resolución judicial, la magistrada subrayó que el hecho de colocar la pancarta justo enfrente del Congreso potenciaba notablemente la difusión del mensaje, acentuando además su naturaleza lesiva contra la reputación y dignidad del presidente del Gobierno, al situarse precisamente en el lugar donde ejerce sus funciones públicas. Además, señaló que el Congreso es el lugar donde Sánchez ejerce como diputado y está sometido al control parlamentario, lo que agrava la situación.
La magistrada igualmente brindó al Partido Socialista la opción de constituirse como parte acusadora en formato de acusación popular, tras las denuncias presentadas por la formación política acerca de la propagación de idéntica imagen difamatoria mediante vehículos urbanos, plataformas digitales y diversos soportes publicitarios.
Hazte Oír Recurre la Decisión
La organización Hazte Oír ha interpuesto un recurso judicial oponiéndose a la admisión de Pedro Sánchez como acusación particular, fundamentando su postura en que no se siguió el procedimiento de conciliación previa establecido antes de iniciar acciones penales. La asociación mantiene que, al haberse saltado este trámite procesal esencial, la denuncia presentada por el presidente del Gobierno carecía de base legal y por tanto no debería haber sido admitida a trámite por los tribunales.
En su escrito, la organización pide a la jueza que revogue la personación hasta que no se celebre un acto de conciliación y Sánchez presente una querella formal con un poder especial.
Implicaciones Legales y Políticas del Caso
Este caso reabre el debate sobre los límites de la libertad de expresión y el uso de campañas de difamación en el ámbito político. Mientras Hazte Oír defiende su derecho a la crítica, el Gobierno y el PSOE consideran que se trata de un acto de injurias con publicidad destinado a dañar la imagen del presidente.
La decisión judicial final podría sentar un precedente sobre cómo se regulan las manifestaciones públicas contra figuras políticas en España, especialmente en contextos de alta tensión partidista.
Conclusión
La admisión de Pedro Sánchez como acusación particular en este caso refuerza su postura contra lo que considera un ataque a su honor. Por su parte, Hazte Oír mantiene su recurso, lo que prolongará un proceso judicial que ya ha generado un intenso debate público.
El desenlace de este litigio podría tener repercusiones significativas en la relación entre libertad de expresión, protesta política y protección del honor en el ámbito institucional español.
