El gobierno español decreta un embargo armamentístico a Israel y sanciones por crímenes en Gaza
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado este lunes una declaración institucional de gran calado desde el Palacio de la Moncloa para desgranar un paquete de nueve medidas concretas destinadas a presionar a Israel y aliviar la crisis humanitaria en la Franja de Gaza. Estas acciones, negociadas entre los socios de coalición PSOE y Sumar, buscan que España se sitúe de forma inequívoca en lo que el presidente ha denominado «el lado correcto de la historia» frente al genocidio en Gaza. El anuncio se produce en un contexto de máxima tensión diplomática con el Estado israelí.
Sánchez, con semblante serio, comenzó su intervención condenando nuevamente el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y reconociendo el derecho de Israel a existir como Estado. Sin embargo, el presidente fue categórico al diferenciar entre la legítima defensa y los bombardeos a hospitales o el hambre infligida a menores inocentes. El presidente calificó la ofensiva israelí como un acto de exterminio que quebranta todas las leyes del derecho humanitario internacional, citando las más de 63.000 muertes y los 250.000 palestinos en riesgo de desnutrición.
Las nueve medidas contra el genocidio en Gaza
El núcleo del anuncio presidencial lo constituyen las nueve medidas específicas que el Consejo de Ministros aprobará de urgencia. La más destacada es la consolidación jurídica mediante real decreto ley del embargo de armas a Israel, en vigor de manera informal desde octubre de 2023. El real decreto-ley impondrá una prohibición definitiva e histórica en España sobre la venta y compra de cualquier material militar con Israel, sin precedentes recientes.
Junto al embargo, se implementarán sanciones logísticas como la prohibición de tránsito en puertos españoles para buques que transporten combustible con destino a las fuerzas armadas israelíes. Asimismo, se denegará el acceso al espacio aéreo nacional a cualquier aeronave de Estado que lleve material de defensa hacia Israel. En una medida de gran simbolismo, también se vetará la entrada a territorio español de todas aquellas personas acusadas de participar directamente en el genocidio en Gaza, así como en violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra.
En el ámbito comercial, España prohibirá la importación de productos provenientes de los asentamientos ilegales israelíes en Gaza y Cisjordania, con el objetivo declarado de combatir la ocupación y mantener viva la solución de los dos Estados. Paralelamente, se limitarán drásticamente los servicios consulares prestados a los ciudadanos españoles que residan en dichos asentamientos.
Para paliar la crisis humanitaria, el Gobierno incrementará su apoyo a la Autoridad Palestina. Esto incluye el refuerzo de efectivos españoles en la Misión de Asistencia Fronteriza de la UE en Rafah y el establecimiento de nuevos proyectos de colaboración en agricultura, seguridad alimentaria y asistencia médica. La contribución financiera a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) se ampliará con 10 millones de euros adicionales, elevando el total de la ayuda humanitaria dirigida a Gaza hasta los 150 millones de euros para el año próximo.
Respuesta firme de España ante las acusaciones de Israel
La respuesta del gobierno de Israel no se hizo esperar. A través de un mensaje en la red social X, el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa’ar, acusó a España de promover una «política hostil» motivada por un intento de Pedro Sánchez de despistar la atención de «los graves escándalos de corrupción» internos. En un movimiento de represalia, Israel prohibió la entrada en su territorio a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, argumentando que sus declaraciones «demuestran claramente su apoyo al terrorismo».
Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Gobierno español ha rechazado categóricamente estas imputaciones, tachándolas de «falsedades y calumnias» sin ningún fundamento. Las mismas fuentes defendieron que las medidas anunciadas responden al «sentir mayoritario de la sociedad española» y se adoptan en el marco de la soberanía nacional y en coherencia con la defensa de los derechos humanos y de la paz. Reforzaron este argumento recordando la concesión de nacionalidad a 72.000 sefardíes y la aprobación del primer Plan Nacional contra el Antisemitismo.
El presidente Sánchez concluyó su intervención reconociendo que estas nueve medidas pueden no bastar para detener por sí solas la invasión, pero afirmó con convicción que servirán para «añadir presión, aliviar parte del sufrimiento del pueblo gazatí y para que el conjunto de la sociedad española sepa que en uno de los episodios más infames, su país estuvo al lado correcto de la Historia». Con esta postura, España lidera la reacción global frente al conflicto en Gaza, asumiendo un significativo coste diplomático en sus relaciones con el Estado israelí.
