Están en juego las reducciones de horarios de los maestros de los niveles Infantil, Primaria y Secundaria y la reducción de estudiantes por aula
La Consejería de Educación y los sindicatos con representación en la mesa sectorial intentan reavivar las negociaciones para disminuir la carga horaria a los maestros de los niveles Infantil, Primaria y Educación Especial de 25 a 23 horas semanales, a los profesores de Secundaria de 20 a 18 horas semanales y obtener otras mejoras laborales en la educación pública.
A pesar de que el pasado jueves, la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CC OO) informó a la Consejería la anulación de las negociaciones al rechazar la propuesta que les había hecho verbalmente el pasado 22 de diciembre, ahora las tensiones parecen calmarse.
Este lunes, los sindicatos se reunieron con el Consejero de Educación, Emilio Viciana, quien manifestó su disposición de negociar “un convenio sectorial factible que permita seguir mejorando las condiciones de trabajo de los maestros de la comunidad madrileña”, según confirmaron fuentes de la Consejería.
Aun así, Viciana pidió tiempo para planear la propuesta en un escrito que incluya un presupuesto factible. Ahora, los cuatro sindicatos de la mesa sectorial (CC OO, ANPE, CSIF y UGT) pusieron una condición a la Consejería que el 8 de abril será el plazo final para que la Comunidad de Madrid muestre ese documento por escrito para tener un fundamento sólido sobre el cual concertar.
Si durante ese lapso, la Consejería no refleja las propuestas por escrito, el bloque de sindicatos no prescinde convocar a manifestaciones. Este martes, los cuatro sindicatos se reunieron y convinieron un cronograma de acciones “para que en el caso de que la propuesta no reúna nuestras demandas se puedan comenzar las manifestaciones lo más rápido posible”, advirtieron en un oficio.
En este sentido, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC OO, Isabel Galvín, precisó que el documento escrito es un impulso clave para progresar en las negociaciones, que se vienen presentando desde el año pasado. “Tenemos ya mucho tiempo en propuestas de palabras que no se definen en un documento. No hemos llegado a ese punto y tiene que estar para negociar, firmar e introducirlo en el BOE” dijo Galvín.
La disminución de los horarios es una solicitud histórica de los sindicatos desde que en 2011 se subiera la carga horaria en la Comunidad de Madrid, que también se aumentó en otras localidades como Castilla-La Mancha, Navarra y Galicia. Fueron medidas que se pusieron en marcha frente a la crisis económica para asegurar la enseñanza a pesar de los recortes a los suplentes. Después de 10 años, los maestros de Madrid continúan con la misma carga. Los sindicatos también propusieron mejoras en licencias y permisos y disminución del trabajo administrativo para los docentes.
Uno de los principales problemas en la negociación ha sido determinar cuánto le costarían las mejoras de trabajo a la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, disminuir la carga de los horarios lectivos semanales supone, en definitiva, contratar más maestros. La Federación de Enseñanza de CC OO estima que esto precisaría contratar 2.621 maestros de Secundaria y 2.148 profesores para reducir la actividad horaria de los 24.700 maestros y 23.587 profesores que hay actualmente. A partir de ello, CC OO supone que el coste para el cambio de horario en Secundaria puede valer 52 millones de EUR anuales y el de Infantil y Primaria, 37 millones de EUR anuales. Ahora, todo depende de la cantidad que ofrezca la Consejería de Educación y que precise si la puede cubrir en los presupuestos.
Otros sindicatos de educación, que no tienen representación en la mesa sectorial, se encuentran a la espera de lo que se acuerde y han metido presión. A fines de febrero, CGT, STEM y CNT Comarcal Sur protestaron con una huelga de 3 días para reclamar que la disminución de horario no fuera únicamente para Secundaria (como trascendió en diciembre) sino además para Infantil y Primaria. Los sindicatos que en este momento entraron en huelga manifestaron que no había claridad “ni de los sindicatos ni de la Consejería” acerca de lo que se estaba exigiendo.
