El Ejecutivo establece un plazo de tres meses para que estas comunidades autónomas implementen el registro de objetores de conciencia que exige la legislación vigente
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha iniciado un procedimiento formal para exigir a cuatro comunidades autónomas que cumplan con la obligación legal de crear un registro de objetores de conciencia en materia de interrupción voluntaria del embarazo. Mediante cartas remitidas este lunes a los presidentes de Aragón, Asturias, Islas Baleares y Comunidad de Madrid, el Ejecutivo central insta a estas regiones a implementar el registro que garantice el derecho al aborto en la sanidad pública.
La misiva presidencial establece un plazo máximo de tres meses para que estas comunidades autónomas adopten «con la mayor celeridad posible» las medidas necesarias para crear y regular este registro de objetores de conciencia. El documento advierte que, en caso de incumplimiento, se activarán «los mecanismos legales oportunos para exigir su cumplimiento», lo que podría derivar en acciones ante los tribunales de justicia.
Fundamentos legales del requerimiento
En su carta, Sánchez subraya que el registro de objetores es obligatorio y fue avalado unánimemente en 2024 por el Consejo Interterritorial de Salud. El presidente destaca que, tras casi un año, estas cuatro comunidades autónomas aún no aplican la ley diseñada para garantizar la libertad y autonomía femenina en la toma de decisiones vitales.
La carta presidencial enfatiza que «la falta de este registro limita de facto el acceso de las mujeres a un derecho fundamental reconocido por ley». Sánchez añade que «el respeto a la objeción de conciencia de los profesionales nunca puede convertirse en un obstáculo para la atención sanitaria de las mujeres», reflejando el equilibrio que busca la normativa entre derechos fundamentales.
Reacciones políticas contrapuestas
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido al requerimiento afirmando que no es partidaria de que «se persiga o se señale» a ningún profesional sanitario por «practicar o no querer practicar un aborto». Ayuso consideró que esta «estigmatización» no es propia de una democracia liberal y anunció que se tomará su tiempo para dar una respuesta «certera» a Sánchez.
En contraste, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha confirmado que su comunidad creará el registro de objetores de conciencia «sin ningún problema», aunque ha acusado al Gobierno central de utilizar este asunto para desviar la atención sobre sus «problemas de corrupción». Azcón recordó que la ley que regula este registro data de 2010 y criticó que «ahora Sánchez se acuerde» de su cumplimiento.
Situación en Baleares y datos nacionales
La consellera de Salud de Baleares, Manuela García, ha asegurado que en su comunidad «está garantizada la prestación del aborto en la sanidad pública» aunque todavía no cuente con el registro de objetores de conciencia. García explicó que el decreto para implementarlo «está en vías de desarrollo» y debe pasar por el Consultiu y el Institut Balear de la Dona, confiando en cumplir con el plazo de tres meses establecido por el Gobierno.
Estas controversias se producen en un contexto donde el 78,74% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizan en centros privados, según datos del Ministerio de Sanidad correspondientes a 2024. Solo un 21,25% de estos procedimientos tienen lugar en hospitales públicos, lo que refleja las importantes barreras que aún existen para ejercer este derecho en la sanidad pública.
Reforma constitucional en perspectiva
El Ejecutivo planteará una reforma constitucional para blindar el derecho al aborto en la Constitución, con la finalidad de garantizar la libertad y la autonomía femenina. Esta iniciativa busca blindar este derecho ante posibles cambios legislativos futuros y responde a la reciente polémica generada por una iniciativa de Vox en el Ayuntamiento de Madrid sobre el denominado ‘trauma post aborto’.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo afirma que deben compatibilizarse el derecho al aborto y la objeción de conciencia, señalando que varias comunidades incumplen la ley reiteradamente. Redondo ha insistido en que no puede haber «mujeres de primera y de segunda en territorios español», enfatizando la importancia de que todas las mujeres puedan ejercer sus derechos «con libertad y en condiciones de igualdad en todo el territorio».
La implementación efectiva del registro de objetores de conciencia se presenta así como un elemento crucial para garantizar la equidad en el acceso a los derechos reproductivos en todas las comunidades autónomas, evitando que la objeción de conciencia se convierta en un obstáculo insalvable para el ejercicio de un derecho fundamental.
