Este martes pasado, fue aprobado por el Gobierno del País Vasco, un decreto en el cual se contempla, que se les da la potestad a los ayuntamientos para que puedan imponer un canon de 10 euros por metro cuadrado, a los pisos que tengan deshabitados más de dos años.
En el decreto también incluyen el alquiler forzoso, en aquellas zonas en las que existe una acreditada demanda de vivienda, pudiendo ser prevista de igual manera, la expropiación para algunos casos extremos.
El objetivo del desarrollo de la Ley vasca de Vivienda, es el de poder movilizar el parque residencial vacío y garantizar la función social de la vivienda.
Fue mediante una rueda de prensa dirigida por Iñaki Arriola, consejero de vivienda, que este martes se dio a conocer el decreto, el cual considera que es «muy garantista». Según explicó, en Euskadi hay aproximadamente unas 15.134 viviendas que podrían verse afectadas con esta ley.
Sin embargo, resaltó que antes de poder tomar decisiones, será necesario someter esos pisos a un exhaustivo análisis. Esto con el fin de determinar la justificación del por qué están vacías.
Algunas excepciones
En el nuevo decreto, se excluyen algunas excepciones de la penalización, con en el caso de las segundas residencias, para el traslado temporal por trabajo, salud, dependencia o emergencia social y los hogares que se encuentren ofertados en venta o alquiler a precios de mercado durante tres meses como mínimo.
De igual modo, se excluye a los pisos que sean concedidos a la administración para su alquiler protegido, así como también, los pertenecientes a entidades sin fines de lucro para refugiados, migrantes y personas con problemas de movilidad o que sean víctimas de violencia de género.
Quienes tendrán la potestad de acreditar la desocupación de las viviendas y realizar las inspecciones son los ayuntamientos. Entre las comprobaciones que se realizarán se encuentran, identificar los consumos anormales de la electricidad, del gas y del agua. Cabe destacar que el Gobierno Vasco también podrá hacerlo de manera subsidiaria.
Mediante el denominado “trámite de audiencia” se podrá detener la declaración de vivienda deshabitada. Esto podrá ser posible, al probar los supuestos en los que está permitido que la vivienda permanezca vacía, incorporándola a programas públicos de alquiler social como por ejemplo, Bizigune o poniendo la residencia a la venta o en alquiler a precios de mercado.
