La Fiscalía Provincial de Madrid, ha pedido al Juzgado de Instrucción 42 de Madrid que se abra una investigación sobre la estrecha relación que hay entre el partido Podemos y la consultora Neurona, porque haber recurrido presuntamente a ella el pasado 2019 para que financiara su campaña electoral. La denuncia fue formulada por José Manuel Calvente, ex coordinador y ex abogado de ese partido y, luego de esta denuncia, el Ministerio Público pidió que la investigación de esta supuesta irregularidad se circunscriba a todas las relaciones que han mantenido con esta empresa mexicana.
Las otras denuncias hechas por Calvente, se consideran sin base, pues no existen pruebas o indicios que apunten a un delito, son solo «rumores, sospechas y suspicacias». Con respecto a los pagos de al menos 400.000 euros a la consultora chavista Neurona, si existen evidencias y demuestra que hay «indicios racionales suficientes de la perpetración de un hecho delictivo».
Posterior a esto, Podemos hace un reclamo a la Fiscalía sobra la supuesta indefensión por no haber obtenido la grabación completa de la denuncia formulada por Calvente, a lo que la Fiscalía ha rechazado tal nulidad.
No es una “investigación prospectiva”
Por otro lado, la Fiscalía ha negado que se trate de una “investigación prospectiva”, ya que aquí sí hay base suficiente y sostenible para poder abrir una causa penal. Tienen fuertes críticas y ciertas consideraciones hacia el juez que lleva el caso, pues, le parece que la decisión de acordar una larga batería de diligencias sobre la base de “los rumores y las sospechas» va en “contra de lo que se pretende en una instrucción judicial en una sociedad democrática».
Solo al margen de Neurona, la Fiscalía no encuentra otro motivo para investigar en el resto de los aspectos que incluyó el ex coordinador de Podemos, ya que, perecen infundados. Dentro de los tantos aspectos adicionales, está que, supuestamente hubo una serie de actos preparatorios que podrían indicar una comisión de delitos. Realizó como una especie de lista negra, en la que figuran los siguientes cargos: nombramiento de una nueva gerente, interrumpen al antiguo responsable de compras y hacen el nombramiento del nuevo, una falta de aprobación del presupuesto del año 2019 y los presupuestos para las campañas electorales de ese mismo año, un abono de gastos desproporcionados y conceptos no autorizados, incremento desorbitado de los salarios de tesorero y gerente muy por encima de los límites que ha fijado el partido y, además, que existe una falta de control en los pagos.
La Fiscalía aclara que, entienden muy bien todos estos aspectos, sin embargo, consideran que pueden llegar a ser discutibles solo desde el punto de vista ético y que no deben ser tomados como un delito.
