Recién acaba de confirmar la María Jesús Montero, ministra de Hacienda, que el decreto que permitía a los Ayuntamientos ceder voluntariamente sus remanentes a la Administración General del Estado, no saldrá convalidado. Hasta ahora, la ministra no ha podido convencer al resto de los parlamentarios, de que el 60% del fondo que se va a entregar debe ser repartido tomando en cuenta también a la población.
Desde la tribuna del Congreso, Montero se mantiene a la defensiva de todo el trabajo que hasta ahora ha venido realizando la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias). “El acuerdo que hemos alcanzado con este organismo tiene legitimidad democrática», aseguró Montero.
A su vez justifica el decreto, ya que los Ayuntamientos no pueden disponer de sus remanentes sin que incurran en déficit. Explica también que, estando depositados en las entidades bancarias, les cuesta mucho dinero a los consistorios por los tipos negativos y, el Estado, no necesita para nada el dinero de los Ayuntamientos.
Por su parte, el PP va a votar en contra, pues, en su opinión es simplemente «un corralito a los ahorros públicos de los ayuntamientos», cediéndolo por 15 años a cambio de apenas un tercio de las remanente de tesorería.
Los votos de Podemos
Unidas Podemos sí votará a favor del decreto del acuerdo con la FEMP, donde la creación de un fondo de emergencia municipal de 3.000 millones a fondo perdido, es apoyado firmemente por Gerardo Pisarello, quien ha twitteado desde su cuenta personal en Twitter diciendo, «Incomprensible que este acuerdo no haya llegado antes. Pase lo que pase hoy habrá que seguir batallando por dignificar la financiación local».
Como se ha rechazado que los Ayuntamientos donen sus remanentes al Estado, la ministra Montero pudo hacer un ofrecimiento para liberar la mayor parte de ese fondo, lo cual sería el 60% de los fondos para que sean repartidos equitativamente entre los municipios sin ningún tipo de condiciones.
Por otro lado, los alcaldes de 30 ciudades entre las que se encuentran Madrid y Valencia, firmaron un acuerdo para que se reparta un fondo de 5.000 millones de euros para beneficiar a la población, de esta forma, los ayuntamientos podrán eludir la Ley de Estabilidad Presupuestaria que aprobó el PP, usando así, sus remanentes para aliviar los efectos negativos que ha dejado la pandemia.
