El conflicto laboral en los controles de seguridad del aeropuerto Madrid-Barajas entra en su tercer día con centenares de pasajeros afectados y acusaciones políticas cruzadas
La huelga de seguridad Barajas continúa por tercer día consecutivo, afectando significativamente las operaciones en el aeropuerto Madrid-Barajas. Este martes, 890 pasajeros de Iberia perdieron sus vuelos antes del mediodía debido a las extensas colas en los controles de seguridad, sumándose a los aproximadamente 2.200 viajeros afectados durante la jornada del lunes. La compañía aérea recomienda acudir al aeropuerto con mayor antelación y permite facturar gratuitamente el equipaje de mano para agilizar los trámites.
El conflicto laboral que origina esta huelga de seguridad Barajas involucra a trabajadores de la empresa Trablisa, responsable de los controles de acceso en las terminales. Aunque solo 21 empleados de los más de 850 que conforman la plantilla han secundado oficialmente los paros, la compañía denuncia una «huelga de celo» que ralentiza deliberadamente la actividad e incumple los servicios mínimos establecidos en el 100% por la Delegación del Gobierno.
Las demandas laborales detrás del conflicto
El comité de huelga exige mejoras salariales que incluyen pluses mensuales superiores a 1.000 euros, un incremento del 75% en el valor de las horas extras, y que la empresa asuma el aumento del coste del aparcamiento para los trabajadores. Una de las peticiones más significativas es la equiparación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para acceder a la jubilación a los 52 años.
Trablisa ha calificado estas demandas como «inasumibles» y «ajenas» a sus competencias, defendiendo que cumple estrictamente con todos los acuerdos laborales y el convenio colectivo vigente. La empresa ha anunciado que ejercerá «todas las acciones legales» contra unos paros que considera «ilegales, abusivos y desproporcionados», al tratarse según ellos de una huelga novatoria prohibida por el ordenamiento jurídico.
Repercusiones políticas del paro
El conflicto laboral ha traspasado el ámbito empresarial, adquiriendo una dimensión política destacada. Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, ha acusado directamente al Gobierno central de estar detrás de la huelga de seguridad Barajas. En declaraciones a los medios, afirmó que se trata de un «plan elaborado por el propio Palacio de la Moncloa para tratar de reventarlo todo».
García Martín argumentó que este «deterioro de infraestructuras críticas afecta a la marca España y a la marca de nuestra región», añadiendo que el Gobierno nacional está «simplemente en modo supervivencia» y quiere «reventarlo absolutamente todo» para favorecer a los partidos independentistas. Estas declaraciones añaden un elemento de confrontación política a un conflicto que principalmente afecta a miles de viajeros.
Problemas adicionales en el transporte
Mientras la huelga de seguridad Barajas continúa afectando al principal aeropuerto del país, el sistema de transportes españoles enfrenta otras incidencias. Los trenes de alta velocidad que conectan Madrid con Andalucía registraron retrasos significativos este martes debido a una avería causada por el robo de cable en los sistemas de comunicación entre Córdoba y Guadajoz.
Adif confirmó que aunque la incidencia fue resuelta rápidamente, el tráfico ferroviario continuó afectado durante la mañana, con retrasos promedio de 10 minutos que en algunos casos superaron la media hora. Esta situación adicional genera más complicaciones para los viajeros que ya enfrentan dificultades en el transporte aéreo debido a la huelga de seguridad Barajas.
La empresa Trablisa ha lamentado las molestias causadas a los usuarios y reitera su compromiso de demostrar el carácter ilegal de la protesta, mientras los viajeros se preparan para más posibles alteraciones en los próximos días si no se encuentra una solución al conflicto laboral que mantiene en vilo las operaciones del aeropuerto madrileño.
